Por Cesáreo Silvestre Peguero.

Se recuerda que, oficiales de la policía mataron a Joesi Marte Núñez luego que este acusara a la policía de asaltar una familia y robar $50,000 de su negocio. Hubo protesta en el funeral de Luís Manuel Ventura, de 25 años; un líder del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), quien fue asesinado por la policía el día anterior. La implementación del nuevo Código Procesal Penal provee a los detenidos de protección adicional pero, en los hechos no se nota el mejoramiento y el verdadero nivel de respeto de los derechos humanos por parte del ejército y de la policía nacional dominicana. Aunque parcialmente se refleja un poco de “consideración” en los tribunales. Pero la policía sigue realizando redadas cuando se le antoja o quieren levantar unos pesos con los tribunales clandestinos que en esas dependencias funcionan a subienda de la justicia facultada para ventilar esos casos.
En República Dominicana, es una realidad el estado de hacinamiento e insalubridad en los centros penitenciarios, donde incide el descontrol de esos lugares por parte de los reos. Las indicadas realidades carcelarias, revelan el nivel de atraso y deshumanización que se experimenta en la sociedad dominicana.
El sistema de investigación policial se considera alcaico, deficiente y muy viciado. En los procesos de investigación se continúan torturando a los “detenidos”, a los que en muchos casos se les tortura cubriéndoles la cara con fundas negra e introduciéndoles una cebolla en la boca, esto para que no puedan gritar, tras los golpes que reciben siendo esposado y muy mal tratado.
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos reveló que en el país sobrepasan de 800 los hombres asesinados por la policía. Un dominicano, que vino de vacaciones con su esposa de nacionalidad suiza, denunció que miembros de la policía de servicio en el Cruce de Verón, Higüey, le propinaron una paliza y lo despojaron de dinero, su teléfono celular y otros objetos de valor. Leoncio Hiraldo Ortiz, de 35 años, relató que el hecho ocurrió, cuando se hallaba alojado en un hotel de Higüey con su esposa.

Explicó que quedó en tan mal estado que temió perder la vida, ya que es diabético y no tenía la insulina que debe inyectarse tres veces al día. Manifestó que fue llevado a varios departamentos, entre ellos tránsito, robo. Hasta que Santiago Molina, dirigente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, intervino, y a quien los agentes le dijeron que era un drogadicto que trató de agredirlos.
En el caso intervino también Eugenio Torres, dirigente de los Derechos Humanos en la región este, quien se sumó a la defensa de Ortiz hasta que los agentes lo libertaron bajo la condición de que no denunciara el caso. Aseguró que fue despojado de su teléfono celular, mil 300 dólares, 600 pesos, sus tarjetas de crédito y otros documentos. Los dirigentes de los Derechos Humanos solicitaron al jefe de la Policía que ordene una investigación de ese atropello. A pesar del tiempo de haber sucedido ese hecho, el caso no ha sido esclarecido ni mucho menos; no ha aparecido el dinero, que le fue despojado por la policía a Dominicano Hiraldo Ortiz; a quien tampoco se le devolvieron sus tarjetas de créditos y su celular personal.
Al consultar al Dr. Domingo Porfirio Rojas Nina, alto comisionado de los derechos humanos en República Dominicana y ex presidente de esa institución; -dijo que los derechos humanos continúan siendo violentados a diario por la policía nacional dominicana.
El humanista agrego que, es creciente el número de ciudadanos dominicano que cada día son ejecutados por la policial. Apunto además que, no solo la policía viola los derechos humanos en el país, sino el gobierno también. Rojas Nina, apunto que los derechos humanos también se violan, cuando el estado niega la educación, la salud y la adecuada educación al pueblo.
Dijo que el acceso a la alimentación en el país es cada día más difícil dado al alto costo de la canasta familiar. Exhorto a la ciudadanía a organizarse para que juntos reclamen sus derechos. Crítico la detenciones arbitrarias a personas, sin que se les formulen cargos; en violación a los procedimientos judiciales y al plazo de las 48 horas que establecen las normas.

También una mayoría de los hechos delictivos que son denunciados permanecen sin esclarecer, y los que son supuestamente esclarecidos no tienen un buen seguimiento en las instancias judiciales.

Los métodos policiales, represivos e indiscriminados, no van a resolver los problemas de la delincuencia; de eso tenemos que solidificar la conciencia. Por el contrario, la tolerancia social a métodos ilegales es uno de los factores que impiden que la reforma policial avance en la dirección de forjar un cuerpo más eficiente, mejor pagado, aliado de los ciudadanos, respetuosos de sus derechos e integrados a las comunidades.
Hacia allí debemos transitar.
La justicia y el ministerio público, que también sean dotados de más y mejores recursos, y que cumplan con su deber de combatir el delito con las leyes en las manos.
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